La ley federal dicta de qué manera los candidatos a los puestos federales de presidente, senador y representante, y algunos de sus aliados políticos, pueden recaudar fondos, quiénes pueden aportar éstos y en qué cantidades pueden hacerlo. Las leyes sobre la financiación de campañas federales son independientes de las leyes estatales que rigen las elecciones para cargos estatales y locales.
En el sistema estadounidense, los candidatos a la presidencia recaudan cientos de millones de dólares para hacer campañas dirigidas a un país con más de 100 millones de votantes. Aún cuando en muchos casos la recaudación de fondos proviene de fuentes privadas, el proceso por el cual se reúne y se gasta el dinero está exhaustivamente reglamentado.
Un candidato a la presidencia debe establecer una organización de campaña que se conoce como su comité político. Éste debe tener un tesorero y obtener su registro en la Comisión Federal de Elecciones (FEC). A pesar de su nombre, la FEC sólo supervisa y aplica las leyes de financiación de las campañas pero en realidad no dirige las elecciones. (El proceso de registrar votantes, organizar la emisión de sufragios y contar los votos es responsabilidad de funcionarios electorales estatales y locales.)
En la FEC se registran comités políticos de varios tipos. Además de los candidatos, los partidos políticos deben registrar sus propios comités en ese organismo. Lo que es más, cualquier grupo de ciudadanos particulares puede formar un comité político.
Una vez registrados, los comités políticos ya pueden empezar a recaudar fondos para las campañas. Es preciso informar a la FEC sobre esos fondos y también sobre los gastos, ya sea mensual o trimestralmente. Los informes pueden presentarse electrónicamente y están disponibles para el público en el sitio web de la FEC [www.fec.gov]. Muchas organizaciones privadas tienen también sitios web para quien desee estar al tanto de las contribuciones que reciben y los gastos que realizan los candidatos, los partidos políticos y los comités de acción política (PAC). El propósito de ello es que la prensa y los votantes puedan saber con más facilidad qué grupos aportan dinero a los distintos candidatos y para las diversas causas. Hay límites legales en cuanto a las sumas que los ciudadanos individuales y los comités individuales pueden aportar para los candidatos que favorezcan. Por lo tanto, un candidato a la presidencia que desee reunir cientos de millones de dólares para su campaña tiene que atraer a miles de contribuyentes.
En 2010, una controvertida decisión del Tribunal Supremo cambió drásticamente la ley de financiación de las campañas. Antes de la sentencia la ley prohibía a las empresas y a los sindicatos laborales gastar dinero directamente para apoyar u oponerse a candidatos a la presidencia o al Congreso. Grupos de individuos tenían permitido establecer fondos segregados separados en lo que se conoce como Comités de Acción Política (PAC) para hacer contribuciones a partidos políticos o campañas de candidatos sin utilizar fondos de la tesorería de las empresas o del sindicato laboral. A causa de la sentencia, las empresas y los sindicatos laborales pueden gastar directamente cantidades ilimitadas de dinero para elegir o derrotar candidatos siempre y cuando no lo hagan en concierto con las organizaciones de campaña de los candidatos.
Para su campaña, el candidato necesita contratar personal, disponer de espacio de oficinas y viajar, realizar investigaciones, expedir documentos detallando sus posiciones, anunciarse por radio y televisión, en publicaciones y en Internet, así como presentarse en público en muchas ocasiones y en eventos para recaudar fondos. Un candidato a la Cámara de Representantes tendrá como centro de esas actividades su distrito específico del Congreso, mientras que un candidato al Senado tendrá que abarcar todo el territorio de su estado. (En el caso de miembros del Congreso y senadores, sus eventos para recaudar fondos los pueden realizar también en otros lugares, como en Washington, D.C.). Los candidatos a la presidencia tienen la agobiante tarea de organizar sus campañas para las primarias en cada uno de los estados, y más tarde, si resultan nominados, desarrollar su campaña para la elección general en todo el país.
La financiación pública
Desde 1976, los candidatos a la presidencia están autorizados para participar en un sistema de financiación pública. Antes de las elecciones de 2000, todos los candidatos nominados para la presidencia participaban en ese sistema aceptando fondos del gobierno a cambio de la promesa de no gastar más que una suma específica. Sin embargo, este sistema les pareció cada vez menos atractivo a los candidatos porque consideraban que los límites en él impuestos eran demasiado bajos, e inferiores a las sumas que los candidatos importantes a menudo pueden fácilmente recaudar de fuentes privadas. Por esa razón, muchos candidatos fuertes han optado por renunciar a los fondos públicos.
Los gastos aumentan invariablemente de una elección a la siguiente. Además de los candidatos, los partidos políticos, los PAC y otros grupos de interés gastarán dinero para influir en las elecciones. Por ejemplo, una innovación reciente en la canalización de fondos para las elecciones es la “organización política 527”, llamada así para aludir a una sección del código fiscal de Estados Unidos. Esos grupos se organizan sobre todo con la finalidad de influir en la selección, nominación, elección o designación de individuos para un cargo público federal, estatal o local. Las organizaciones políticas 527, como MoveOn y Swiftboat Veterans for Truth, no están reguladas ni por la Comisión Federal de Elecciones ni por comisiones electorales estatales, y tampoco están sujetas a los mismos límites que los PAC en las aportaciones. Los detractores de esos grupos y otros similares afirman desde hace tiempo que los elevados gastos que se realizan en las elecciones de Estados Unidos combinados con la dependencia de fuentes privadas para obtener fondos, evocan el espectro de una influencia indebida de patrocinadores ricos y de grupos de interés poderosos sobre la política pública.
Las reformas propuestas han suscitado la oposición de quienes calculan que los gastos en las elecciones son proporcionales al costo de los bienes y los servicios en la economía actual. Al respecto, los gastos para las elecciones se consideran como el precio que una democracia debe pagar para tener contiendas electorales, y que las grandes sumas que los grupos de interés aportan y gastan son la expresión contemporánea del viejo pluralismo estadounidense. Es difícil demostrar una relación específica entre los donativos de grupos de interés y la política del gobierno. Los tribunales se han preguntado también si la imposición de más restricciones a las donaciones y los gastos de las campañas pueden limitar indebidamente el derecho de los donantes a la libre expresión en la arena política, protegido por la Constitución. En vista de los enormes gastos que las campañas modernas implican, ciertos individuos sumamente ricos financian sus propias campañas para ocupar cargos públicos y ninguna regla lo prohíbe. A veces ganan y a veces pierden.
