Cuando existen substancialmente más individuos que quieren emitir, que frecuencias para asignar, es inútil proponer un infranqueable derecho a emitir bajo la Primera Enmienda comparable con el derecho de cada individuo a hablar, escribir o publicar. Sería extraño si la Primera Enmienda, la cual tiene por propósito proteger y ampliar las comunicaciones, impidiera que el gobierno hiciera posible la radiocomunicación al requerir licencias de emisión y limitando el número de licencias para no atestar el espectro.

La ley de Estados Unidos autoriza a la FCC control sobre algunos aspectos de la propiedad de una estación emisora. Puede prohibir la concentración de muchas salidas en las manos de una sola entidad o limitar la propiedad cruzada, en donde una compañía controla múltiples plataformas de medios en un solo mercado. No obstante, la jurisdicción de la FCC sobre las decisiones de contenido de los emisores está sujeta a la Primera Enmienda, y en años recientes se ha limitado a regular indecencia y a requerir a los emisores brinden igualdad de oportunidades para que candidatos opositores a puestos públicos aparezcan en las ondas de radio durante el periodo inmediatamente antes de una elección.

La doctrina de equidad, la cual requiere que licenciatarios reporten temas controvertidos de importancia pública en sus comunidades y que brinden oportunidad de réplica a representantes responsables con puntos de vista opuestos, fue apelada otra vez por la FCC en 1987.  En ese momento, la comisión llegó a la conclusión que dada la explosión de nuevos mercados de medios, la doctrina ya no era necesaria para servir al interés público, en recibir "fuentes de información diversas y antagonistas". La comisión agregó que:

La intrusión del gobierno sobre el contenido de la programación ocasionado por la aplicación de la doctrina restringe la libertad periodística de los emisores de manera innecesaria y verdaderamente inhibe la presentación de asuntos controversiales de importancia pública en detrimento del público y en degradación de las prerrogativas de periodistas emisores. 

 También los impuestos representan un problema. Las leyes impositivas que aplican a todas las corporaciones con fines de lucro generalmente son aceptables, mientras aquellas que singularizan a los medios noticiosos con obligaciones especiales con frecuencia son consideradas restricciones previas inconstitucionales. Por la misma razón, las restricciones en la circulación internacional de productos de medios noticiosos violan tanto el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales garantizan el flujo libre de información e ideas "independientemente de las fronteras".

Abordar el tema del licenciamiento y esquemas regulatorios va más allá del alcance de este libro. En general, es legal requerir que las organizaciones noticiosas cumplan las leyes corporativas y reglamentos de aplicación general (tales como registrar los nombres y domicilios de los responsables legales por las operaciones de la organización). Cualquier regulación de las operaciones de medios o decisiones sobre contenido por parte del gobierno debe ser transparente; sujeta al escrutinio, participación y supervisión pública; y no más extensa de lo necesario para promover intereses públicos identificables.