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¿Quién redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Susan Waltz

19 noviembre 2008
Charles Malik (Líbano), Eleanor Roosevelt (EE.UU.) y René Cassin (Francia) contribuyeron a la Declaración Universal de Derechos Humanos

Charles Malik (Líbano), Eleanor Roosevelt (EE.UU.) y René Cassin (Francia) contribuyeron a la Declaración Universal de Derechos Humanos

Este artículo pertenece al periódico electrónico de noviembre de 2008 “60 años de la Declaración de Derechos Humanos, 1948-2008”. Para consultar los demás artículos de este periódico haga clic a la derecha.

Susan Waltz, especialista en derechos humanos y asuntos internacionales, catedrática de política pública en la Facultad de Política Pública Gerald R. Ford de la Universidad de Michigan. Es autora de Human Rights and Reform: Changing the Face of North African Politics (1995) y ha publicado recientemente una serie de artículos sobre los orígenes históricos de instrumentos internacionales de derechos humanos y los procesos políticos que los produjeron. De 1993 a 1999 la profesora Waltz formó parte del comité ejecutivo de Amnistía Internacional y de 2000 a 2008 fue miembro de la junta nacional del Comité de Servicio de Amigos de Estados Unidos (American Friends Service Committee).

Con frecuencia se asocia el nombre de Eleanor Roosevelt a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con buena razón. La viuda del que fuera presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de1946 a 1951, y logró para esa función el respeto y el afecto de gentes de todo el mundo. En el complejo ambiente político de finales de la década de 1940 — con una guerra fría emergente y la creciente oposición a los gobiernos coloniales — el instinto político, las dotes diplomáticas y la firmeza de la Sra. Roosevelt, fueron decisivos para el éxito de los trabajos destinados a hacer realidad una declaración de derechos humanos.

Si bien su papel fue esencial, Eleanor Roosevelt no fue en modo alguno la autora de la Declaración Universal. No aportó ni el texto ni las ideas básicas que forjaron la Declaración. ¿Cómo, entonces, se elaboró este importante documento? Aunque la Sra. Roosevelt y una serie de redactores desempeñaron importantes funciones, los documentos históricos revelan que la Declaración Universal refleja las contribuciones de diplomáticos de numerosos países y representa un auténtico consenso internacional y un compromiso genuino — aún cuando sólo parcialmente cumplido — de ampliar y velar por los derechos de los individuos de todas partes.

En el sentido más literal, el mérito de proponer una carta de derechos humanos a las Naciones Unidas corresponde a Ricardo Alfaro, ex presidente de Panamá. En su calidad de representante de Panamá en la reunión inaugural de las Naciones Unidas de 1945, Alfaro llevó consigo el borrador de una carta internacional de derechos humanos y propuso oficialmente su incorporación en la Carta de las Naciones Unidas. Agrupaciones cívicas del mundo entero, juristas e intelectuales, como el autor británico H.G. Wells, habían estado abogando por una proclamación de derechos humanos durante varios años, y Alfaro había trabajado con el Instituto de Derecho Americano (grupo de jueces, abogados y catedráticos de derecho que redacta leyes “modelo”, a partir de las cuales las legislaturas pueden redactar leyes más sencillas y de más fácil comprensión) para producir el borrador que presentó. Los diplomáticos reunidos aquel mes de mayo en San Francisco no estaban preparados para adoptar algo tan concreto como la propuesta de Alfaro, pero decidieron establecer una Comisión de Derechos Humanos, y acordaron extraoficialmente que una de las primeras tareas de la Comisión sería la elaboración de una carta internacional de derechos humanos.

Los meses siguientes se dedicaron a establecer los órganos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y a nombrar su personal. Se pidió al catedrático canadiense de derecho John Humphrey que dirigiera una pequeña División de Derechos Humanos en la Secretaría de las Naciones Unidas, y un comité preparatorio nombrado por el nuevo Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas dio forma a la Comisión de Derechos Humanos. Para enero de 1947 se había elegido a 18 estados miembros y la comisión comenzaba su labor.

En busca de un planteamiento común

La redacción, no obstante, se prolongó más de lo previsto. En principio se decidió que tres oficiales de la Comisión preparasen un borrador que se sometería a debate, pero el plan no funcionó. Cuando Eleanor Roosevelt invitó al vicepresidente de la Comisión Zhang Pengjun (también conocido como P.C. Chang) y al relator Charles Habib Malik (del Líbano) a ir a su apartamento de Nueva York a trabajar en el borrador, los dos hombres se pasaron la tarde enfrascados en una discusión filosófica. Los dos eminentes intelectos de la comisión, uno, partidario de la filosofía de los derechos naturales y otro, seguidor de Confucio, discutían, incapaces de llegar a un acuerdo, mientras Roosevelt y Humphrey se desesperaban detrás de los bastidores.

El punto muerto a que llegaron Zhang y Malik tuvo importantes repercusiones para la forma final de la Declaración Universal. Se renunció al planteamiento filosófico, de frases altisonantes, en favor de un texto pragmático negociado y se confió a la Secretaría de las Naciones Unidas la preparación del borrador. John Humphrey — erudito jurisconsulto con un criterio práctico — fue encargado de producir un “bosquejo documentado” de la Declaración. Al mismo tiempo, se amplió el grupo de redacción interno de la Comisión con la incorporación de representantes de cinco estados más, en reconocimiento de las dificultades inherentes a la redacción de un texto aceptable para todos.

Humphrey no tardó en producir un texto, porque ya tenía a mano una cantidad impresionante de documentos. Entre ellos figuraban borradores y propuestas presentados por numerosos países y asociaciones no gubernamentales, así como las constituciones de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Sobre la base de estos documentos, de los que se sirvió libremente, Humphrey produjo el primero y básico borrador de la Declaración. En el curso de los 15 meses siguientes, se retocó el texto una y otra vez. El jurista francés René Cassin fue encargado de reorganizar los artículos y elaborar un preámbulo para encuadrarlos y, posteriormente, el comité de redacción discutió y revisó cada línea.

Si la tarea principal en 1947 era elaborar y pulir el texto, en 1948 el problema era asegurar el acuerdo político de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Cuando se convocó la Asamblea General a finales de septiembre de 1948, los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. esperaban que las deliberaciones en torno a la Declaración no duraran más de unos pocos días. Estas esperanzas se vieron rápidamente defraudadas. Se encomendó al Tercer Comité de la Asamblea General (que se ocupa de asuntos sociales, humanitarios y culturales) la tarea de revisar el documento antes de someterlo a la consideración de la sesión plenaria, y se eligió a Charles Malik para presidir las audiencias. Malik reconoció la necesidad de una amplia participación para llegar a un consenso e infundir en los estados miembros un sentimiento compartido que les llevase a identificarse políticamente con la Declaración. Por tanto, resistió los intentos de acelerar el proceso. “Es preciso dejar que las cosas maduren lentamente, sin tropiezos”, aconsejó.

Tras las declaraciones inaugurales de más de 40 países, Malik dirigió un escrutinio del texto, un artículo tras otro. En sesiones diarias, a lo largo de dos meses, los delegados examinaron decenas de enmiendas escritas (en su gran mayoría presentadas por Cuba, la Unión Soviética, Panamá, el Líbano, Francia y Egipto). Se debatió cada enmienda, algunas ampliamente, y cada artículo del borrador de la Declaración se sometió a votación separadamente. Solamente el debate del Artículo 1 se prolongó a lo largo de seis días, y aunque Malik finalmente llevó un cronómetro para asegurar que los discursos no sobrepasaran los límites establecidos, las actas oficiales de las detalladas deliberaciones del Tercer Comité llenaron 900 páginas impresas.

Cuando el Tercer Comité finalmente dio por terminado su trabajo a principios de diciembre de 1948, envió la Declaración a la sesión plenaria de la Asamblea General, donde sería sometida a nuevo examen, cada artículo por separado. El voto histórico de la Asamblea General tuvo lugar poco después de la medianoche del 10 de diciembre, fecha en que hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Un total de 23 de los 30 artículos se aprobaron por unanimidad y, si bien Sudáfrica, Arabia Saudita y el bloque soviético se abstuvieron en la votación final, 48 estados votaron afirmativamente. Ningún estado se opuso.

La negociación de un texto

Durante muchos años, la detallada historia de este elaborado proceso permaneció en el olvido o en la oscuridad, y la falta de un entendimiento matizado dio lugar a numerosas conjeturas injustificadas. Ahora, a la luz de investigaciones recientes, podemos reconocer que las potencias mundiales no fueron la fuerza motriz de la Declaración Universal, el documento no fue obra de un solo autor y su texto fue forjado por diplomáticos y funcionarios civiles más bien que por filósofos. No sólo fue cada elemento objeto de meticuloso escrutinio, sino que cada artículo se modificó en el curso de los dos años de incubación de la Declaración: El texto resultante lleva el sello de muchos individuos en representación de numerosos países.

La historia de ese texto puede sorprender a algunos lectores hoy día. Los más ardientes defensores de los derechos socioeconómicos, por ejemplo, procedían de América Latina (y no de los países del bloque soviético, como se ha supuesto con frecuencia). Las delegaciones del bloque soviético se resistieron a las intrusiones en la soberanía, pero insistieron tenazmente en la cuestión de la no discriminación, y es gracias, en gran parte, a su perseverancia, que cada artículo de la Declaración se aplica a todos los individuos. A Egipto se le debe la resuelta afirmación de universalidad que figura al principio de la Declaración, propugnada por su delegado, que insistió en que las disposiciones de la Declaración se aplicaran “tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

En previsión de los escrúpulos de nuestro propio tiempo, los delegados de la India, la República Dominicana y Dinamarca lucharon por conseguir que los derechos se expresaran en un lenguaje neutro y se reconocieran explícitamente los derechos de la mujer. El delegado de Polonia dirigió la atención de los delegados a la trata de seres humanos, y se enmendó el borrador para prohibir la esclavitud “en todas sus formas”. Una joven delegada de Pakistán, criada ella misma en régimen de purdah (la costumbre de mantener a la mujer totalmente cubierta y apartada del resto de la sociedad), abogó firmemente contra el matrimonio de menores. Y en recuerdo de los abusos — y peores excesos — del régimen nazi en Alemania, el delegado de Filipinas presentó un enérgico alegato en contra de atenuar la prohibición de la tortura en la Declaración con la excusa de las costumbres locales. Atenuar la prohibición, advirtió, podría dar amparo a quienes justifican sus aborrecibles prácticas por razones culturales.

Los documentos no dejan lugar a dudas en cuanto al hecho de que los diplomáticos encargados de preparar la Declaración Universal emprendieron su labor plenamente conscientes de su potencial significado. Frecuentemente se recordaban unos a otros la necesidad de encontrar un lenguaje aceptable para todos, de manera que la legitimidad del documento no pudiera cuestionarse. No obstante, la firmeza de su compromiso no bastaba para salvar todas las divisiones y corregir todos los fallos.

Diferencias en torno a la importancia de la soberanía, la condición de los derechos socioeconómicos y la cuestión decisiva de la aplicación permanecían bajo la superficie prestas a estallar, y en algunos momentos llegaron a poner en peligro todo el proyecto. El estallido de la guerra en Oriente Medio, el sur de Asia y otros lugares, así como la trágica situación de los refugiados de estos conflictos, puso de relieve la importancia de las consideraciones de derechos humanos, pero también recordó a los delegados que los compromisos retóricos sin la correspondiente acción serían fútiles. Algunos han mencionado entre los puntos débiles de la Declaración haber dado primacía a los derechos y relegar los correspondientes deberes a uno de los artículos finales, donde corren el riesgo de ser interpretados como una idea de último momento. En realidad, su colocación en el documento se debió a un cambio de última hora propuesto por el delegado chino. John Humphrey vio en este cambio un fallo, ya que nadie había sido más consciente que Zhang Pengjun de la necesidad de establecer un equilibrio justo entre derechos y deberes.

Las presiones por finalizar el documento cuanto antes también pueden haber sido la causa del fallo diplomático que dio lugar a la abstención de Arabia Saudita en la votación final de la Declaración. El delegado saudí citó las cruzadas de tiempos pasados y el proselitismo más reciente de los misioneros como motivos de su objeción a la frase “libertad de cambiar de religión”, y retiró su apoyo a la Declaración. El hecho de que años después, durante las negociaciones de un tratado jurídicamente vinculante, el mismo representante saudí aceptase la ligeramente más matizada frase “libertad de adoptar una religión”, permite suponer que un mayor esfuerzo diplomático en 1948 podría haber asegurado el voto saudita y eliminado una fuente de ambivalencia cultural con respecto a la Declaración. Por último, el fallo de la Declaración en referirse expresamente a los derechos de las minorías puede haberse debido a las tensiones latentes entre la Unión Soviética y Yugoslavia. Los soviéticos rara vez dejaban escapar la oportunidad de exponer atroces prácticas y desigualdades raciales en Estados Unidos, pero no estaban dispuestos a impulsar el principio de la no discriminación cuando su aplicación se acercaba a su terreno. Lamentablemente, muchas delegaciones se concentraron más en los fallos de sus adversarios políticos que en las prácticas de su propio país, tendencia evidente tanto entre los pequeños países como entre los más poderosos.

La tarea futura

Estas consideraciones políticas retrasaron inevitablemente la labor de la Comisión de Derechos Humanos, que se había establecido en 1946 para elaborar un documento jurídico vinculante y un mecanismo de ejecución junto con la Declaración. La realización de esas tareas adicionales requirió 18 años más. Mientras tanto, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron a regañadientes establecer dos tratados en vez de uno, para separar los derechos civiles y políticos de los derechos sociales, culturales y económicos, cada uno de ellos con su propio mecanismo de ejecución. Cuando los dos tratados (o pactos) estaban listos para su aprobación, el número de miembros de las Naciones Unidas había aumentado a más de 100 estados y la dinámica política había cambiado. En los primeros años de esas negociaciones, hasta la mitad de los estados miembros habían abogado por mecanismos de ejecución estrictos, pero para mediados de la década de 1960, la creciente inquietud en torno a la intervención y la soberanía pasó a primer plano. Todas las propuestas para permitir la presentación de demandas individuales y de las ONG, autorizar investigaciones de las Naciones Unidas o remitir las cuestiones a la Corte Internacional de Justicia, se abandonaron. En cambio, se establecieron dos comités permanentes, u “órganos en virtud de tratado”, para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos mediante informes periódicos presentados por los estados que ratificasen los pactos.

Para todo el que hubiera seguido el proceso de negociaciones a lo largo de sus 20 años de vida, la disparidad entre las aspiraciones iniciales y los resultados finales se presentaba en toda su cruda realidad. Un protocolo facultativo adjunto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos brindó a los estados la oportunidad de ofrecer a sus ciudadanos un mecanismo para la presentación de demandas, pero no era el robusto mecanismo de ejecución que se había previsto inicialmente. El proyecto de la Declaración Universal no hizo realidad los sueños de los optimistas, pero superó las expectativas de los pesimistas. Cuando los textos de los dos pactos se sometieron a la Asamblea General en 1966, hubo unanimidad de votos. Esta vez ningún estado se abstuvo ni se opuso.

Desde entonces, los estados miembros de las Naciones Unidas has reiterado su compromiso con la Declaración Universal en una conferencia mundial sobre derechos humanos celebrada en 1993, y más de 150 países han ratificado los dos pactos. Colectivamente, estos tres documentos — la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales — se conocen extraoficialmente por el nombre de La Carta Internacional de Derechos. Juntos, constituyen la base del derecho internacional de derechos humanos.

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista ni las políticas del Gobierno de EE.UU.

Uno de los primeros borradores de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Uno de los primeros borradores de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

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